La industria agroalimentaria se debilita
La actividad agroalimentaria será uno de los sectores menos afectados por la pandemia del coronavirus, al menos en el corto plazo. Esto por una sencilla razón: todos tenemos que alimentarnos. Sin embargo, los riesgos que se avecinan pueden enfermar el buen desempeño con que venía operando.
Por: Sergio Castañeda
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| Panorama complejo
¿Y cuáles son esos riesgos? México es el noveno productor y octavo exportador de alimentos del mundo, pero Estados Unidos, su principal mercado exportador, es el país con más contagios de COVID-19 a nivel global, con casi dos millones de casos positivos y más de 100,000 muertos. Además, la economía estadounidense está destrozada (su PIB se contrajo 4.8% en el primer trimestre del año, la peor cifra desde la crisis financiera de 2008), por lo que el envío de alimentos podría verse afectado. Y aunque en el primer trimestre del año las exportaciones agroalimentarias de México superaron los 10,390 millones de dólares (mdd), lo que significó un incremento de 7.8% respecto al mismo periodo de 2019, el impacto de la pandemia se verá en el segundo trimestre.
El turismo, otro de los grandes componentes de la economía mexicana y uno de los principales consumidores de alimentos en el país, vive su peor crisis desde 1950 y está paralizado totalmente. Para cuando reanude actividades, muchos hoteles, restaurantes y proveedores habrán bajado sus cortinas.
“¿Qué sectores van a tener una recuperación más lenta? El turístico, el restaurantero y la industria del entretenimiento, lo cual implicará una baja en la demanda de alimentos”, indicó Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, durante su participación en la mesa Atención inmediata a la crisis: cadena agropecuaria y alimentación, de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, realizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
| La cebada no crece como la espuma
Otro ingrediente que afecta al sector agroindustrial tiene que ver con las cerveceras, cuya producción, distribución y venta se ha visto afectada por la ley seca que aún prevalece en algunos estados del país y la decisión del gobierno federal de parar la producción por no ser actividad esencial
En estos días está por reactivarse la producción, pero el daño a la industria y sus proveedores está hecho, sobre todo a las más de 5,000 familias de agricultores, que producen cebada en el país.
El año pasado, la producción de cerveza sumó 124.5 millones de hectolitros, mientras que las exportaciones alcanzaron 40.1 millones de hectolitros y un valor de 4,858 mdd, que representan 25% de las exportaciones agroindustriales de México. “En otros países afectados por la COVID-19, la industria fue considerada como esencial y no paró, debido a la importancia de la cadena de valor”, dice Karl Siqueiros, directora general de Cerveceros de México.
El 25% de las exportaciones agroindustriales en México están relacionadas con la cerveza.
| Menos recursos al campo
Por último, la disminución de recursos al sector agropecuario en el presupuesto federal, de casi 40,000 millones de pesos (mdp), abona todavía más para que esta actividad económica muestre su mala cosecha de resultados positivos.
“Esta pandemia nos sorprendió con una disminución de más de 24,000 mdp para los estados en el tema agropecuario. Hoy estamos solos; los estados tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Aquellos productores que exportan los han dejado fuera del presupuesto y de los programas del gobierno”, sostuvo Carlos Muñiz, presidente de los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, en su participación en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, del CCE.
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 estima una erogación de 6 billones de pesos, cifra 0.8% mayor a la del presupuesto 2019. Sin embargo, el gasto programable se enfoca en funciones de desarrollo social, desarrollo económico y actividades de gobierno, afectando las funciones agropecuaria, de silvicultura, pesca y caza; asuntos económicos, comerciales y laborales; ciencia, tecnología e innovación; comunicaciones, manufactura y construcción; transportes y turismo, cuya disminución presupuestal fue de 69,000 mdp.
La disminución de recursos públicos por 40,000 mdp y la enfermedad COVID-19 ponen en riesgo la agroindustria.
| Malas decisiones
Para Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el cambio en la trayectoria de las políticas públicas no significa una crisis para el sector en el corto plazo, pero si una erosión de sus fundamentales, que de continuar podría generar efectos no deseados: pérdida del estatus fitozoosanitario, desarticulación de la cadena de suministro de grano, contracción de créditos, disminución de la inversión de capital, retraso en la adopción de nuevas tecnologías, entre otros.
Muñiz, presidente de los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, fue más allá: “Es inhumano lo que se ha hecho en 12 meses (de gobierno). Todo el andamiaje de 50 años que se había logrado para sacar adelante al sector agropecuario se derrumbó y se deshizo”.
El diputado federal Juan José Canul Pérez indicó durante su participación en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, que los programas sociales del presidente son importantes, pero también el campo y toda la cadena productiva. “En estos dos últimos años venimos arrastrando la falta de presupuesto, de incentivos y, sobre todo, de apoyo para la productividad del sector”.
| Política anticíclica
Para Anaya, del GCMA, la mejor política anticíclica que el gobierno federal podría implementar es un ingreso mínimo para las personas vulnerables o que se han quedado sin empleo; con esto, por lo menos se garantizaría que la canasta básica sea asequible para los hogares.
“Una segunda política, que ya fue iniciada por los bancos, es brindar facilidades para reestructurar créditos o diferir los pagos por tres a cuatro meses. Sin duda, una gran ayuda para los proveedores de insumos, como maquinaria, sistemas de irrigación, construcción, entre otros, que se verán afectados por la decisión de los agroempresarios de diferir sus planes de inversión”, menciona.
Una tercera medida, encaminada a mantener la liquidez de las empresas, es la devolución del ISR y el IVA, subraya Anaya.
Finalmente, el director del GCMA destaca que es vital el fortalecimiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya que es necesario contar con inspectores y medidas fitozoosanitarias que garanticen la innocuidad de los alimentos. “Es un tema de seguridad nacional y no debe ser negociable. Asimismo, al fortalecer las capacidades de dicho organismo se podrían acelerar protocolos sanitarios con otros países, como China, para colocar algunos excedentes cárnicos y otras frutas y verduras”. AN
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