El derecho a reparar
Las nuevas iniciativas podrían simplificar el mantenimiento de la tecnología y hacer que la compra de un nuevo gadget sea el último recurso.
Por: Fernanda Kuri
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Cuando su auto presenta una avería, puede llevarlo a un centro de atención de la concesionaria o recibir un servicio más asequible con un mecánico independiente.
▗ Pero cuando esto sucede con su smartphone —digamos que tiene la pantalla estrellada o la batería gastada—, probablemente su instinto sea simplemente adquirir un modelo más reciente.
De hecho, varios estudios han demostrado que cuando los productos tecnológicos comienzan a fallar, la mayoría de las personas se inclinan a comprar cosas nuevas en lugar de arreglar las que ya tienen.
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Un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios.
▗ Celulares, computadoras, tabletas, impresoras, lavadoras, secadoras de cabello, microondas, refrigeradores y televisiones son aparatos casi indispensables para la vida cotidiana que fallan frecuentemente a mediano plazo y sin razón aparente.
En ocasiones es demasiado caro repararlos. En otras, es imposible encontrar la pieza de repuesto o simplemente fueron diseñados para no ser desmontados.
La obsolescencia programada es la reducción intencionada en la vida de un producto para aumentar su venta y consumo.
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Para el diseñador industrial norteamericano Brooks Stevens, quien popularizara esta denominación en 1954, tiene que ver con el objetivo de la industria de “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”.
Pese a las ventajas económicas —para las empresas, no los consumidores—, este modelo tiene serios inconvenientes, que nos sitúan en un sistema productivo y de consumo insostenible.
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Podríamos dar mantenimiento a nuestros gadgets, como lo hacemos con los autos, si fuera más práctico.
Las reparaciones podrían volverse más simples y menos costosas si tuviéramos acceso a las partes de repuesto, instrucciones y herramientas necesarias.
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▗ Esta premisa está en el centro de la Ley del derecho a reparar, una propuesta de legislación que los activistas y las compañías tecnológicas en Estados Unidos se han disputado durante casi una década.
Recientemente, los simpatizantes del derecho a reparar obtuvieron dos grandes victorias.
En mayo, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que explica cómo las compañías tecnológicas afectan la competencia al restringir las reparaciones.
▗ Además, en julio, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que incluyó una directiva para la FTC para obligar a los fabricantes de tecnología a permitir que los consumidores reparen sus propios dispositivos o utilicen al técnico de su elección
—en lugar de tener que recurrir a los técnicos autorizados—,
poniendo a disposición todos sus manuales de reparación, herramientas y piezas, así como un código de software patentado que permita determinar la función de cada componente.
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Antes, en febrero, la Unión Europea (UE) aprobó una ley similar en su apuesta por la economía circular para combatir el cambio climático.
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Según estipula, implicaría establecer “estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables“.
De forma concreta, la lista de peticiones de la Cámara incluye, por ejemplo, un cargador único para dispositivos electrónicos, con el que minimizar los residuos, y un etiquetado que incluya información de la durabilidad.
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Según la Cámara, más del 90% de la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua son consecuencia de la extracción y procesamiento de recursos, mientras que hasta el 80% del impacto medioambiental de un producto viene determinado por su diseño.
El organismo señala también que se consumirá el doble de materiales a nivel global en los próximos 40 años y que el volumen de residuos generado cada año crecerá un 70% de aquí a 2050.
Por otro lado, los productos tecnológicos están entre las compras más costosas y sus precios continúan elevándose.
No hace mucho, el valor de un teléfono inteligente de gama alta era de 650 dólares. En la actualidad, los nuevos teléfonos de Apple y Samsung se venden por encima de los 700 u 800 dólares.
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Según un estudio del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos, el hogar promedio podría ahorrar 330 dólares al año si reparara los productos en vez de sustituirlos, lo que suma hasta 40,000 millones de dólares en todo el país.
▗ Aunque las empresas tecnológicas a menudo hablan de sustentabilidad, gigantes como Microsoft, Amazon, Google y Apple cabildean en contra de la legislación para las reparaciones, argumentando que permitir a terceros no certificados tener acceso a información de diagnóstico delicada, software, herramientas y partes, pondría en riesgo la seguridad de los dispositivos y expondría a los consumidores al fraude, lo cual ha sido descartado por la FTC.
▗ Mientras no haya regulaciones, usted puede contribuir a debilitar el control que ejercen los fabricantes de tecnología sobre sus hábitos de consumo.
El mundo no se va a acabar si no tiene el smartphone de última generación y, por el contrario, al suyo quizás le quedan unos años más de vida. Busque alternativas de reparación como primera opción y cuestione a los productores sobre la durabilidad de sus dispositivos y las modalidades de reciclaje.
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El daño ya está hecho, pero no podemos dejar las cosas descompuestas: un problema que hemos creado es uno que tiene solución.
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