Telecomunicaciones, un derecho sin garantía
De acuerdo con la División de Telecomunicaciones del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos, las telecomunicaciones se transformaron en un recurso esencial para nuestra vida cotidiana, necesarias para nuestra vida productiva, indispensables para nuestra interacción, fundamentales para la educación y, sin duda, estratégicas para la recuperación económica tras dos años de pandemia por COVID-19.
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| Se requiere mayor certidumbre
La relevancia de las telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no está a discusión. Su rol protagónico es más que evidente y es obligación del Estado garantizar acceso universal a este servicio, pero ¿qué hacer cuando en México a más de 40 millones de mexicanos se les niega este derecho?; ¿cómo lidiar con la brecha digital que supera el 30% de la población? Y más aún ¿cómo alcanzar cobertura universal sin un plan digital claro en sus objetivos, estrategias y acciones aterrizadas para el cierre de la desigualdad digital?
Aun cuando el acceso a las TIC y a internet es un derecho constitucional desde 2013, el rezago es considerable y el escenario es complejo. Especialmente si se considera que la política digital de la federación se integra por una serie de esfuerzos aislados, poco coordinados e inclusive relegados a un rol secundario. Ejemplo de ello es, por un lado, la creación de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, programa dedicado a desplegar conectividad para el cierre de la brecha digital que afirma tener más de 7 mil sitios desplegados.
Sin embargo, sus objetivos de cobertura no tienen definiciones concretas en población o localidades. El portal de Internet para todos refiere tener fases cero y uno, no obstante, a la fecha los planes de 2021 a 2023 permanecen “en estudio y definición”. (t.ly/orbf)
Por otro lado, el Programa de Cobertura Social de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reconoció en 2019 que había más de 95 mil localidades desconectadas y propuso más de 17 mil localidades de atención prioritaria que se recortaron a menos de 8 mil para 2022. A tres años de la creación de ambos programas, no hay certeza de cuáles y cuántos sitios propuestos por la SICT se retomaron en Internet para Todos, sus mecanismos de colaboración y de la ruta a seguir.
La brecha digital en México supera el 30% de la población.
| Cobertura universal: ¿Sólo un buen propósito?
Igual de preocupante es la publicación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) que lejos de ser una hoja de ruta que coordine la participación de sus dependencias y proponga líneas de acción con objetivos claros de población y cobertura, es un documento que carece de un diagnóstico puntual y de metas medibles. Los objetivos planteados no están orientados ni a la digitalización ni a la búsqueda de cobertura universal de internet, sino que se limita a incorporar un esquema de gobierno digital, ignorando los demás pilares que nutren una EDN en forma tales como economía digital, e-educación, política de infraestructura, e inclusión y participación.
Ante este escenario resulta urgente no solo rediseñar una Estrategia Nacional sólida, que diagnostique necesidades, defina objetivos, establezca estrategias, acciones e indicadores a poner en marcha para abatir la brecha digital; sino también fortalecer los programas vigentes, posicionarlos como verdaderos pilares para la transformación digital del país y ofrecerles la atención debida para garantizar acceso universal a un recurso tan primordial, valioso y vital como las telecomunicaciones. De otra manera, la cobertura universal seguirá siendo un ideal y un derecho no garantizado en México. AN
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