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Reportaje

¿Cómo hacer un México mejor para todos?

El camino para tener un país más grande y mejor para todos debe ser creando un entorno favorable para el emprendimiento y el desarrollo de las empresas, que debe venir acompañado de una adecuada regulación, de una sana competencia, de un entorno fiscal competitivo y un estado de derecho que dé certidumbre.

Por: Sergio Castañeda Swipe

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| La Iniciativa Privada es fundamental

En diciembre del año pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), presentaron el documento “Un México mejor para todos”, el cual contiene propuestas generales de hacia dónde debe de ir la política pública en la próxima administración, la cual deberá atender al menos cuatro propósitos fundamentales: seguridad, oportunidades para todos, prosperidad y dignidad de las personas.

Y es que, el sector privado, los empresarios en México, están preocupados por las mismas cosas que están preocupados todos los mexicanos: pobreza, inseguridad, estado de derecho, salud, educación, exclusión social y crecimiento económico, entre otros; y creen que para mejorar está situación y hacer un México mejor para todos, se deben conjuntar esfuerzos e ideas para lograrlo.

“Se necesita todo ello porque sin seguridad hay miedo, las oportunidades permiten mantener esperanza de un mejor futuro mediante la movilidad social, la prosperidad porque sin ella las personas se sienten oprimidos y la dignidad porque su ausencia es corrosiva”, explicó Juan Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), durante la presentación de dicho documento.

Es evidente, sostuvo, que un país que combata con éxito sus flagelos será un mejor país para todos. “Los empresarios de México tenemos maneras de ayudar a que esto suceda. Para ello, proponemos la elaboración de políticas públicas que contribuyan a abatir los enormes rezagos”.


| Sin estado de derecho no hay nada

Gil Antón indicó que un entorno favorable al emprendimiento y al desarrollo de las empresas es socialmente deseable. “Para ello, hay que contar con un estado de derecho que dé seguridad de que las reglas permanecen, que se respetan, tanto por los ciudadanos como por las propias autoridades, que los conflictos comerciales se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo del mercado”.

Una política pública que facilite el emprendimiento comentó el ejecutivo, se vuelve entonces algo indispensable, no se puede tratar de la misma manera a una empresa en sus inicios que a una adulta y madura. “La ecuación es muy clara. Más empresas = más empleos = más ingresos = más impuestos = mayor crecimiento = menor pobreza = más recursos para educación, seguridad y salud = un mejor México para todos”.

No existe, subrayó, una fórmula alternativa. “Un entorno favorable para la inversión debe ser uno de los pilares de la política pública de cualquier gobierno, sin importar su color. Por supuesto, que esto debe venir acompañado de una adecuada regulación, de una sana competencia, de un entorno fiscal competitivo y por supuesto de un estado de derecho que dé certidumbre a la sociedad y a los emprendedores”.

Este entorno favorable, mencionó, generará, en consecuencia, los ingresos necesarios para que el gobierno atienda las necesidades sociales de los desamparados. “Con estos ingresos se deben construir mejores esquemas de salud y educación, que eleven la calidad de vida de los mexicanos y un clima de seguridad mucho más eficiente que permita el desarrollo de la vida de los ciudadanos y de las empresas. Este es otro atributo que requiere la construcción de un mejor México para todos. Esto permite la movilidad social que es indispensable incrementar. Que el origen deje de ser igual a destino para millones de mexicanos”.


| Nearshoring, clave

Y todo ello cobra mayor relevancia en este momento, en el que México se juega su desarrollo y crecimiento en los próximos años, con el nearshoring, que marcó el 2023 y que se espera que este año cobre mayor fuerza. Empresas de todo el mundo, principalmente de Asia, están buscando cadenas de valor locales y redes cercanas al mercado estadounidense; y de acuerdo con la última edición de la clasificación Global Best to Invest, nuestro país se posiciona como el mejor mercado de América Latina para invertir, seguido de economías como Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia.

En un análisis, EY explica que, entre las oportunidades que México representa para el nearshoring, se encuentra su proximidad con Estados Unidos, contar con fuerza laboral grande y calificada, específicamente en los sectores de manufactura y tecnología, y Tratados de Libre Comercio con más de 50 países, incluyendo el T-MEC con EU y Canadá.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el lugar número nueve entre los 10 primeros lugares en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) dentro de los países de la OCDE. Al primer semestre del 2023, el país recibió 29,041 millones de dólares (mdd) de IED, un aumento del 41% (vs el mismo periodo del año anterior). Por otra parte, los proyectos greenfield (creación de infraestructuras desde cero) de IED en Latinoamérica crecieron 13% en 2022, mientras que el gasto de capital también creció 50%, y la creación de empleo como resultado de estos proyectos aumentó 29% en comparación con 2021.

“Nuestro país pasó de ensamblar y producir bienes de bajo costo en los años 80 y 90 a convertirse en un productor de bienes con más alta tecnología y un fabricante de productos avanzados con actividades de mayor valor añadido”, afirmó Ari Saks, Associate Partner de Impuestos y Coordinador de los Servicios de Inversión en Nearshoring para EY México.


| Energía un rol protagónico

Sobre el nearshoring, el CCE y el CEESP indican que la ubicación geopolítica del país presenta una gran oportunidad que hay que aprovechar plenamente. “Es necesario tomar a la brevedad el riesgo de que otros competidores se adelanten y parte de ello tiene que ver con resolver los diferendos en el marco del T-MEC con EU y Canadá.

Un elemento imprescindible, explican en el documento “Un México mejor para todos”, es establecer políticas claras y transparentes, con estricto apego al estado de derecho, que fortalezcan las cadenas productivas y la manufactura en la región norteamericana, donde México se integre a sus principales socios comerciales, con productos y exportaciones que generen alto valor agregado nacional que logren capitalizar la relocalización del suministro en Norteamérica.

En ese sentido, detallan, se requieren diversas acciones que implican: alinear las de desarrollo regional con la infraestructura de movilidad de mercancías, personas y agua; de vital importancia, generar y mantener la infraestructura pública en comunicaciones y transportes; el mejoramiento de logística en aeropuertos, puertos y aduanas; y garantizar la seguridad pública y estado de derecho en todo el territorio.

De vital importancia, subrayan, será contar con la certidumbre de disponibilidad de energía en el territorio nacional, lo que implica seguridad de la generación o producción, así como de su conducción o su transmisión y distribución hasta los usuarios, tanto de electricidad como de hidrocarburos y gas.


| Fortalecer el sistema fiscal

A pesar de que las finanzas públicas se han mantenido relativamente saludables en cuanto al déficit y la deuda del sector público, lo que ha mantenido la confianza en la solidez fiscal del país, el CCE y el CEESP creen que en adelante habrá que trabajar en varios frentes a fin de corregir diversos aspectos que con el tiempo pueden resultar en debilidades fiscales o que representarán oportunidades para fortalecer el sistema fiscal.

Entre ellas sobresalen: la reducción de la informalidad, la creación de una cédula única de identidad, simplificación administrativa, seguridad jurídica para contribuyentes y la homologación de impuestos locales.

Asimismo, reconocen que el erario nacional padece problemas añejos como la baja recaudación tributaria, que es menor a la mayoría de los países comparables; hay espacio de mejoría de la calidad del gasto público; hay problemas de federalismo fiscal que resultan en ineficiencias y carencias a nivel subnacional; y se necesitan medidas que permitan resolver los problemas financieros de Pemex de una manera perdurable.

Sobre este punto, el Consejo Empresarial Mexicano (CEM), que agrupa a las 14 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2,000 asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México, trabajó una propuesta en materia fiscal, con cinco puntos básicos, que presentó a principios de este año a los partidos políticos y que también hará llegar en su momento a las y los candidatos a la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y gubernaturas.


| Un verdadero federalismo

El primer punto y es un pre-requisito, es la fiscalización y la rendición de cuentas. “Como ciudadanos o empresas que pagamos impuestos, queremos que el dinero que se recaude se utilice para los fines que deben ser y no para que se los roben; hemos visto corrupción por todos lados y no es un problema de partidos políticos, es un problema de que el que llega al poder abusa y no quiere rendir cuentas”, sostiene Juan Carlos Pérez Góngora.

El segundo punto, dice el presidente del CEM en entrevista con Alto Nivel, es contar con un verdadero federalismo, que se establezca en forma clara y se revisen las facultades y las potestades que existen en los diferentes órdenes de gobierno: municipios, estados y federación, quién debe atender determinados servicios que se prestan a la población, esto es, qué le corresponde al municipio, al estado y a la federación.

“Por ejemplo, un tema del que se ha venido hablando mucho es la educación, que es una facultad que tienen los tres órdenes de gobierno, pero el municipio no se mete y creo que debería participar en el tema de las instalaciones, de los planteles, de su mantenimiento, que estos cumplan ciertos requisitos, que cuenten con instalaciones aptas para los alumnos, desde el mobiliario hasta los servicios (luz, agua, internet, seguridad)”, explicó.

Y los estados, agregó Pérez Gongora, deberían meterse, además de la nómina, que comparten con la federación, en los planes de estudio, cada región y entidad puede ser diferente. “Debemos revisar también, sin duda, la parte de la urbanización, la movilidad, esos son temas que se deben poner sobre la mesa y revisar”.


| Los lastres

La seguridad y la impunidad son dos fenómenos que han prevalecido durante décadas y han tenido un impacto significativo en la sociedad. De ahí que el CCE y el CEESP propongan contar con una estrategia nacional e integral de seguridad que sea explícita para la ciudadanía, con una mejoría del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la fiscalía general, y de las fiscalías de los estados, que garantice la justicia expedita cotidiana.

La propuesta, incluye también fortalecer la denuncia a fin de abatir la llamada cifra negra. Esto, mediante la promoción de la participación de la ciudadanía con mecanismos seguros y accesibles para que las violaciones a la ley sean denunciadas de forma verdaderamente anónima, con métodos estadísticos para identificar tendencias e incluir análisis de riesgos y considerando aplicaciones de comunicaciones que ayuden a la agilidad y oportunidad.

De igual forma, el gobierno debe poner en marcha estrategias claras para garantizar la seguridad en zonas específicas, zonas de tránsito de mercancías, de paso de migrantes y otros puntos logísticos clave. Además de identificar las zonas rurales más peligrosas para reforzar su seguridad con la cooperación de los distintos órdenes de gobierno. AN

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