Los desafíos de las promesas de Sheinbaum
Por: Benjamín Alemán Castilla
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Al iniciar su campaña, la presidente electa Claudia Sheinbaum presentó una lista de “100 pasos para la Transformación”, 100 promesas en las que basó su plataforma política y que, si contrastamos con la realidad y los criterios para las finanzas públicas, me atrevo a asegurar que serán difíciles, si no es que imposibles de realizar. Sobre todo, aquellas que tienen que ver con el ámbito económico y que están vinculadas directamente con el presupuesto y el gasto público.
Si contrastamos con la realidad y los criterios para las finanzas públicas, me atrevo a asegurar que serán difíciles, si no es que imposibles de realizar las 100 promesas de Sheinbaum.
Algunas de esas promesas fueron, por ejemplo, aumentar el salario mínimo para que alcance dos y media canastas básicas, lo que implica un aumento nominal anual aproximado del 10%. También, el impulso a las energías renovables, que contrasta con la prioridad que dio su antecesor a la producción de combustibles fósiles. En el sector ferroviario, ha hablado de duplicar la carga transportada por ferrocarril y, por otro lado, la modernización y reintroducción de los trenes de pasajeros en varias rutas que actualmente son de carga, así como fortalecer el desarrollo de 12 polos de bienestar en el sureste de México.
| Más promesas
Otras promesas con mayor impacto para la economía son fortalecer el Banco del Bienestar como banca social; establecer una política de vivienda social a través del Infonavit, así como revertir las reformas de pensiones de 1997 y de 2007. En ese sentido, la presidenta ha planteado ampliar la pensión universal para mujeres, otorgando el beneficio a partir de los 60 años, lo que tendría un impacto importante para las finanzas públicas, pero genera la duda razonable sobre si será financiable o no, considerando que en México, a 2020, 4.4% de las mujeres tenía más de 65 años y se sumaría otro 2% de población femenina con 60 a 64 años. Es decir, expandir este programa estaría sumando casi un 50% de beneficiarios femeninos adicionales.
La presidenta ha planteado ampliar la pensión universal para mujeres, otorgando el beneficio a partir de los 60 años, lo que tendría un impacto importante para las finanzas públicas.
| Fortalecer fiscalización para financiar promesas
Una constante de la 4T ha sido que no se crearan nuevos impuestos. ¿De dónde saldrán entonces los recursos necesarios para financiar estas promesas? Probablemente, de reducir subsidios, como el de los combustibles, que representa un gasto importante para el gobierno. También, podrían intensificar la política de fiscalización, para evitar o reducir al mínimo la evasión fiscal y aumentar la eficiencia de la recaudación.
Una constante de la 4T ha sido que no se crearan nuevos impuestos. ¿De dónde saldrán entonces los recursos necesarios para financiar estas promesas?
En los pre-criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda, esta entidad reconoce que el déficit público presupuestario rondará el 5% del PIB al cierre de 2024 y su objetivo es disminuirlo a 2.5% en 2025. La principal medida para alcanzar esta meta, sin una reforma fiscal o la optimización del gasto público con la eliminación de programas y proyectos improductivos, radica precisamente en la reducción del gasto —lo que choca por modo directo con las promesas de más beneficios sociales— o en un aumento de la deuda pública, la cual el gobierno de AMLO dejará en un nivel estimado de 50.2% del PIB, el más alto registrado por lo menos desde 2009.
| Los riesgos
Otro de los puntos preocupantes reside en la clara intención del Estado de intervenir en la actividad económica en acciones que no le corresponden, como administrar aeropuertos, un nuevo sistema de trenes de pasajeros o construir casas para la población, con lo que distorsiona los mercados, minando las oportunidades para que las empresas privadas realicen estas actividades, generen empleos, paguen impuestos y promuevan así un mayor crecimiento económico.
Otro de los puntos preocupantes reside en la clara intención del Estado de intervenir en la actividad económica en acciones que no le corresponden, como administrar aeropuertos, un nuevo sistema de trenes de pasajeros o construir casas para la población.
Por último, esta reflexión me lleva, necesariamente, a los riesgos surgidos por la reciente reforma al Poder Judicial y la subsecuente, e inminente, reforma para eliminar los órganos autónomos, lo cual afecta significativamente el clima y la certidumbre jurídica para hacer negocios en nuestro país. Si a esto sumamos las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el panorama se vuelve incierto no solo para los empresarios, sino para el cumplimiento de las promesas del nuevo gobierno. AN
Benjamín Alemán Castilla es profesor del área de Entorno Económico de IPADE Business School.
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